Perspectivas del aborto en Bolivia

El debate sobre el aborto es uno de los temas más controversiales y polarizantes en Bolivia y en muchas partes del mundo. El aborto, entendido como la terminación deliberada de un embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir independientemente, está tipificada como delito en Bolivia, con penas que oscilan entre uno y tres años de reclusión. Sin embargo, existen excepciones. 

Como es de conocimiento general, el aborto busca la interrupción y expulsión del producto de la concepción (nasciturus). Esta figura constituye (todavía) un delito en Bolivia, con sanciones que varían entre 1 a 3 años de reclusión, salvo cuando hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, o si hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios (arts. 263-266 CP). Asimismo, se sanciona a la persona que presta servicio o se dedica a la interrupción del embarazo, con privación de libertad de 1 a 6 años.

El bien jurídico protegido en el delito de aborto es el derecho a la vida del feto. El Tribunal Constitucional considera que la vida y todo lo que potencialmente pueda generarla se encuentra protegido por la Ley Fundamental (SCP 0206/2014 de 5 de febrero). El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, desarrollarse de manera normal y permanente, de donde se extrae que la protección de la vida se extiende incluso a aquella que no sea considerada humana, como por ejemplo la vida animal y vegetal.

Desde esa óptica, la protección del derecho a la vida es gradual y se va incrementando desde la conjugación primaria del óvulo y espermatozoide, denominado huevo o cigoto, hasta el nacimiento. Mientras más se aproxime a una célula, su protección jurídica disminuye, pero de ninguna manera desaparece, y en la medida en la que se desarrolle y se vaya asemejando a un ser humano, la protección jurídica paulatinamente se va incrementando. El feto goza de la protección de la Constitución y las leyes, aunque en menor proporción que la que se otorga a la persona nacida.

Durante 2017, el Senado vivió un debate fugaz sobre la despenalización del aborto. Sin embargo, no es un tema que se avecine en la agenda política de la cámara, ignorando por completo una realidad que aqueja a la sociedad boliviana y que pone en peligro a la mujer. Como sociedad, nos vemos truncados de avanzar cuando sacamos de la mesa de debate temas tan actuales como la despenalización o la legalización del mismo, siendo este un asunto tan controversial que presenta posturas muy marcadas y antagónicas en lo que respecta a la criminalización del aborto.

“El aborto es la tercera causa de muerte materna en el país”, titula el informe de Ariana Campero en el Ministerio de Salud en 2017. Aún con la falta de estadísticas actualizadas sobre el aborto y el sistema de salud boliviano, las proyecciones para nuestro año (2024) no mejoran en lo absoluto. Si bien existen casos específicos mediante los cuales las pacientes pueden requerir y recibir atención para aborto en los servicios del sistema de salud nacional, los datos alarmantes son consecuencia del aborto practicado a lo largo del territorio en condiciones clandestinas, inseguras e insalubres.

Estos datos contrastan notoriamente con países donde la interrupción voluntaria del embarazo no es criminalizada, como Uruguay. De acuerdo a los datos de 2020, luego de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no se registraron fallecimientos a causa de abortos. Se estima que anualmente se realizan un promedio de 1000 interrupciones voluntarias de embarazos.

De acuerdo a un estudio de la Gaceta Médica Boliviana, se estima que se realizan entre 50 mil y 60 mil abortos al año, según datos de 2017. El documento señala que el 38,5% de los embarazos en menores de 15 años terminan en aborto, y el método más utilizado es el Misoprostol para inducir la interrupción del embarazo con el 65,8%, seguido de la Dilatación y Legrado con el 12,7%. Es importante señalar que la OMS no reconoce este método como seguro. El siguiente método utilizado según las estadísticas es la Aspiración Manual Endouterina con el 8,7%, y el 2% utilizó Mifepristona. Por último, el 10% desconoce el método utilizado para abortar. Las últimas afirmaciones provienen de estudios de 2016.

Además, es importante considerar los argumentos de los colectivos que se oponen al aborto. Los opositores argumentan que el aborto vulnera el derecho fundamental a la vida del bebé, un derecho que consideran debe ser protegido desde la concepción. Desde una perspectiva ética y moral, muchas personas creen que la vida humana comienza en el momento de la fecundación y que interrumpir un embarazo equivale a terminar una vida humana, vulnerando su derecho. Esta postura es apoyada por diversos grupos que ven el aborto como una práctica inaceptable bajo cualquier circunstancia, salvo en situaciones extremas.

Argumentan que la despenalización del aborto podría llevar a un aumento en el número de interrupciones, desvalorando así la vida humana y promoviendo una cultura de desresponsabilización. Se menciona que el aborto es el asesinato intrauterino de un nuevo ser humano en desarrollo y que la vida humana es merecedora del máximo respeto, desde el momento de la concepción y no de forma relativa.

Respecto a lo legal, en Bolivia y en diferentes convenios y tratados internacionales el aborto no es legal y va en contra de los Derechos Humanos de Primera Generación, referente al Derecho a la Vida. También destacan la necesidad del fortalecimiento programas que difundan y apoyen alternativas al aborto, como la adopción, y enfatizan la importancia de brindar apoyo integral a las mujeres embarazadas para que puedan llevar a término sus embarazos de manera segura y con dignidad.

Otra propuesta del movimiento provida es el enfoque integral de asistencia de salud a problemáticas de causales de muerte materna con datos más alarmantes, como ser las hemorragias e hipertensión. Consideran fundamental implementar políticas públicas que apoyen a las mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad, ofreciendo acceso adecuado a servicios de salud, educación y apoyo psicológico durante la gestación.

Por otro lado, enfatizan las repercusiones psicológicas que puede tener el asesinato de un ser humano en el vientre para la gestante como ser depresión y ansiedad por sentimientos de culpa, baja autoestima y alteraciones de la conducta relacionadas a emociones provocadas por el aborto.

El Tribunal Constitucional concluía en favor de la penalización del aborto, y abogaba por convertirlo en un problema de salud pública y combatirlo con educación. Sin embargo, existe una corriente internacional pro aborto, que reivindica y reconoce a la mujer el derecho humano de poder decidir sobre su cuerpo, que no tiene fronteras, especialmente a partir de la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” de 18 de diciembre de 1979, entre otras.

Es importante aclarar que la despenalización y legalización son distintos aspectos. La despenalización es la derogación de una práctica tipificada en el Código Penal, es decir, dejar de considerarla como un delito. Mientras que la legalización se refiere a que la interrupción del embarazo debe encontrarse regulada por el Estado en lo que respecta al proceso de solicitud, acceso a los distintos procedimientos, apoyo psicológico y elección de método anticonceptivo.

En una sociedad rica en diversidad y que actualmente la variedad de posturas cuentan con argumentos igualmente válidos, es oportuno realizar las siguientes reflexiones para enriquecer nuestro debate:

1. Desde una óptica que deja a un lado el sentir moral y toma en cuenta únicamente la salud pública, ¿el aborto debería ejercerse sin sanción en nuestro país? ¿La despenalización mejoraría las condiciones insalubres inherentes a la clandestinidad de la práctica? ¿Qué medidas desde la iniciativa privada podrían tomarse para apoyar a las mujeres embarazadas en situaciones vulnerables y evitar que se vean obligadas a considerar el aborto como única opción? 

2. Por otro lado, teniendo en cuenta nuestro contexto sociocultural y distintas posturas, ¿interrumpir el embarazo vulnera derechos fundamentales? ¿Es necesario que nuestras autoridades retomen el debate? ¿Bolivia está lista para despenalizar el aborto?

Génesis Ortuño