Censo 2024: ¿dos millones de fantasmas? 

El análisis de los resultados del Censo 2024 en Bolivia revela una marcada discrepancia entre los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros indicadores relevantes, tales como la tasa de natalidad o el crecimiento de viviendas. Según los datos del INE, entre 2012 y 2022 se registraron 2.808.263 partidas de nacimiento en Bolivia; sin embargo, el Censo de Población y Vivienda de 2024, ejecutado por el INE, mostró un aumento de solo 1.252.764 habitantes en comparación con el censo de 2012, alcanzando una población total de 11.312.620. Por lo tanto, existe una diferencia de casi 2 millones de habitantes a nivel nacional. Se podría considerar que, tomando en cuenta los fallecimientos y migraciones, las estadísticas son coherentes, pero, aun así, esto parece difícil de creer.

En el caso particular de Santa Cruz, la verificación en el período intercensal 2012-2024 arroja 826.633 partidas de nacimiento y 142.749 actas de defunción, lo que indica un crecimiento vegetativo de 683.884 habitantes, sin considerar los datos de migración. Estas cifras contrastan con el recientemente anunciado crecimiento de solo 457.624 habitantes.

Estos datos están generando desconfianza, malestar y controversia entre autoridades locales y la población en las ciudades más pobladas del país, que se han manifestado masivamente en las redes sociales, cuestionando y dudando de los datos oficiales.

Ante la discrepancia, un conjunto de fenómenos se presentan como posibles causas. En primer lugar, la migración interna previa al censo, un factor observado en gran medida, donde numerosos habitantes se trasladaron a sus comunidades de origen para ser censados allí. En segundo lugar, la posibilidad de deshonestidad por parte de la población censada, principalmente por oposición. Por último, el fenómeno de la multilocalidad, donde individuos residen en más de un lugar, complica la obtención de datos precisos, ya que la necesidad de ser contado en una única región dificulta la obtención de datos representativos.

A estas preocupaciones se suma la creciente sospecha sobre la existencia de un fraude estadístico. Esta inquietud se basa en la percepción de que los datos oficiales podrían haber sido manipulados con el fin de privilegiar unas regiones sobre otras y tratar de desmontar la cuestión de la contribución impositiva y la reasignación de escaños.

Finalmente, no se deben ignorar los procedimientos legales disponibles frente a un censo irregular. Si bien se considera que la anulación de un censo es una medida extrema, esta podría considerarse si se demuestran irregularidades graves o errores fundamentales en el proceso de recolección y procesamiento de datos que afecten significativamente la validez de los resultados. Esto generalmente requeriría evidencia de fraude, violaciones de procedimientos esenciales o errores sistemáticos. En tales casos, se podrían emprender acciones legales o revisiones por parte de organismos independientes para corregir los datos o, en última instancia, repetir el censo para garantizar una representación precisa.

En consecuencia, la legitimidad del Censo 2024 se encuentra fuertemente cuestionada. Al estar tan alejado de la realidad observada, este se aleja del cumplimiento de su función inicial: proveer datos estadísticos representativos para elaborar planes de desarrollo nacional y local de forma equitativa.

Entonces, cabe preguntarse: ¿Quién o qué factores podrían ser responsables de la inexactitud de los resultados del censo 2024? ¿Existe evidencia suficiente para sospechar que hubo manipulación de datos? ¿Cómo debería reaccionar la población civil?

Kyro Alborta