Bolivia en llamas: ¿Cuál es el futuro de nuestras áreas protegidas? 

Bolivia enfrenta una crisis ambiental que ha sido empeorada por incendios forestales. En lo que va del año más de 3,8 millones de hectáreas han sido quemadas, con una situación similar que en 2019, donde se perdieron 5,3 millones. La crítica se centra en un conjunto de leyes permisivas que permiten y, en muchos casos, incentivan el desmonte y la quema controlada. Entre estas, destacan el Decreto Supremo 24453 que impone multas mínimas por deforestación, lo cual sin duda, impulsa a los principales actores de esta crisis ambiental. La Ley 741 permite desmontar hasta 20 hectáreas para actividades agropecuarias, y la Ley 337 ha otorgado “perdonazos” a desmontes ilegales que sean para expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, sólo una pequeña parte de las tierras desmontadas se destina al cultivo de alimentos, lo que cuestiona la efectividad de estas políticas.

 En este contexto, se ha propuesto la privatización de áreas protegidas como una posible solución para mejorar la gestión y conservación de los recursos naturales en Bolivia. El debate se ha intensificado debido a la falta de control estatal y la ineficacia de las políticas públicas para frenar la destrucción de los ecosistemas. Los defensores de esta idea argumentan que las empresas privadas podrían ser más eficientes en la gestión de los recursos, al contar con mayores incentivos económicos para preservar las áreas protegidas. Además, se sugiere que la privatización podría atraer inversiones en infraestructura y turismo sostenible, generando ingresos que se podrían reinvertir en la conservación. Sin embargo, la privatización también presenta riesgos significativos. Uno de los principales es la mercantilización de la naturaleza, es decir, que las áreas protegidas se exploten comercialmente con fines de lucro, dejando en segundo plano la conservación.

 Más en un país donde los recursos naturales han sido históricamente explotados sin regulaciones estrictas. Además, la privatización podría generar desigualdad en el acceso a la naturaleza. Las comunidades locales, muchas de las cuales dependen de las áreas protegidas para su subsistencia, podrían ver restringido su acceso a estos territorios, afectando su relación histórica con la tierra y sus medios de vida.

 Otra preocupación es la dificultad para regular y fiscalizar las actividades dentro de áreas protegidas bajo administración privada. Si bien las empresas pueden tener más recursos para gestionar estas zonas, el Estado podría perder control sobre las actividades que se realicen dentro de estos territorios. Esto podría empeorar los problemas actuales de desmontes ilegales e incendios si no se establece un marco de regulación y supervisión adecuado. 

El historial de explotación de los recursos naturales en el país plantea dudas sobre la capacidad del sector privado para gestionar de manera sostenible las áreas protegidas. A su vez, la ineficacia de las políticas públicas actuales y la falta de capacidad de fiscalización del Estado ponen en entredicho la posibilidad de que una gestión estatal por sí sola pueda revertir la tendencia de destrucción ambiental. 

Tomando en cuenta las posiciones planteadas: ¿Es viable la privatización como una herramienta efectiva para la conservación, o simplemente aumentará la explotación de los recursos? ¿Cómo se puede garantizar que las leyes ambientales prioricen tanto el desarrollo económico como la protección del medio ambiente? Y, finalmente, ¿qué papel deben jugar las comunidades locales en la gestión de los recursos naturales? 

Isabella Franco