El proceso electoral en Bolivia: ¿Realmente democrático?

Las elecciones judiciales programadas para este 15 de diciembre representan un desafío interesante dentro del ámbito electoral del país. Según la Constitución Política del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura deben ser elegidos por voto popular. Sin embargo, este proceso ha sido objeto de críticas sobre su legitimidad y representatividad. Para ponernos en contexto, es prudente explicar el proceso de selección de candidatos, el cual es realizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proceso comienza con la preselección de candidatos, donde se reciben postulaciones de profesionales del ámbito legal. Aunque se busca garantizar transparencia y participación, el hecho de que los candidatos sean aprobados por un órgano legislativo dominado por el partido de gobierno “margina” la imparcialidad en el proceso.

Mirando hacia atrás, encontramos como antecedentes las elecciones de 2011 y 2017, donde muchos votantes optaron por anular sus votos o votar en blanco como una forma de protesta ante un sistema que percibían como corrupto y manipulado. Esto hace evidente la existencia de una desconfianza generalizada hacia el proceso electoral presente.

A pesar de que las elecciones son presentadas como un ejercicio democrático, la realidad es más compleja. La influencia del partido gobernante en la selección de candidatos puede hacer que las elecciones judiciales se perciban como un mero formalismo. La preselección realizada por la Asamblea Legislativa actúa como un filtro político que limita las opciones disponibles para los votantes (muestra evidente de ello son las famosas “listas azules” que han estado circulando). Esto suscita preocupaciones sobre si los ciudadanos realmente tienen voz en la elección de sus magistrados o si están siendo forzados a elegir entre opciones ya determinadas.

En contraste, es interesante analizar sistemas como el francés, donde el proceso de selección de magistrados prioriza los méritos sobre las afinidades políticas. Este sistema utiliza un concurso público en el que los candidatos deben aprobar rigurosas pruebas evaluadas por examinadores independientes. El gobierno sólo puede nombrar a los candidatos según el orden de clasificación obtenido en estas pruebas. Este enfoque asegura que los jueces sean seleccionados por sus méritos y capacidades técnicas, y no por su afiliación política.

Este modelo alternativo ofrece una perspectiva valiosa para Bolivia, al demostrar que es posible implementar un sistema donde la imparcialidad y la idoneidad profesional se prioricen por encima de los intereses partidarios.

Considerando la influencia del partido gobernante en la selección de candidatos, ¿cómo se puede asegurar que los magistrados elegidos realmente representen los intereses y necesidades del pueblo boliviano? ¿Deberían las organizaciones civiles tener un papel más activo en la selección de magistrados? ¿Es viable un sistema basado en méritos como el francés en Bolivia? ¿Cómo se puede aumentar la participación ciudadana en estas elecciones?

José Guillermo Domínguez