Agustín Monasterio
Miembro ActivoEl 10 de diciembre de 2019, en Argentina, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad mediante el Decreto 7/2019. Esta medida, orientada a fortalecer las políticas de género, modificó la Ley de Ministerios y absorbió las competencias del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), ente descentralizado creado en 2017 bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, este ministerio sería disuelto el 10 de diciembre de 2023, en el primer día de la gestión del actual presidente, Javier Milei, al reducir el organismo estatal de 18 ministerios a 9.
En los últimos días, la ex primera dama de Argentina, Fabiola Yañez, ha generado una gran controversia al hacer pública la denuncia por maltrato de género contra su expareja, Alberto Fernández. Un detalle no menor del caso es que la víctima de violencia doméstica habría buscado apoyo en el Ministerio de Mujeres, pero las funcionarias responsables le dieron la espalda, a pesar de tener conocimiento de los abusos que sufría.
El caso ha generado una reacción multitudinaria, no solo en la política argentina, sino también a nivel internacional, tanto por su magnitud como por la contradicción que envuelve la gestión del expresidente. Cabe recordar que el Ministerio de las Mujeres fue el centro de numerosas controversias, entre ellas el tema presupuestario.
En 2020 se aprobó un presupuesto de 545.485.282 pesos argentinos (8.021.842 dólares), de los cuales 384.426.492 pesos argentinos (5.653.330 dólares) fueron destinados a gastos de personal. Para el año 2021 se aprobó un presupuesto de 6.204.800.623 pesos argentinos (62.048.006 dólares). Además, se demostró que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue creado con una asignación inicial de 227 millones de pesos argentinos (4.540.000 dólares), que fueron extraídos del presupuesto del Ministerio de Seguridad.
El ministerio también generó polémicas por propuestas que no llegaron a concretarse, como la creación de un ente específico para tratar los travesticidios y un plan de catering y “coffee break” por 51 millones de pesos argentinos (510.000 dólares).
Según los datos publicados por las autoridades del ministerio, durante su gestión se brindó asistencia psicológica, legal y económica a un total de 1.600.000 mujeres y personas LGBTI en situación de violencia de género. En 2021, la ONU reconoció a Argentina como el país que ha impulsado la mayor cantidad de políticas de género en el mundo. No obstante, esto no se refleja en las cifras, ya que los feminicidios se mantuvieron en torno a los 250 casos anuales durante la existencia del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
La situación en Argentina nos lleva a preguntarnos: ¿Son realmente efectivas las iniciativas equivalentes al Ministerio de las Mujeres que han sido replicadas en otros países de América Latina, o son en realidad instrumentos de adoctrinamiento estatal? ¿Es realmente transparente y eficaz destinar gasto público a estas causas o deberían ocuparse de éstas las fundaciones o entidades humanitarias?