¿Quiénes han escuchado alguna vez la palabra “funar”? En los últimos años, este término se volvió común entre jóvenes en redes sociales y conversaciones cotidianas. “Funar” a alguien implica exponerlo públicamente por algo que dijo o hizo y promover una reacción colectiva en su contra. Este fenómeno, conocido más ampliamente como cultura de la cancelación, ha crecido con la expansión de plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, donde una publicación puede volverse viral en cuestión de minutos y generar consecuencias sociales, laborales o económicas casi inmediatas. En este contexto, el debate se conecta directamente con uno de los principios centrales de las democracias modernas: la libertad de expresión. 

Quienes consideran que la cultura de la cancelación representa un riesgo sostienen que puede generar autocensura, especialmente en temas sensibles o polémicos. El temor a ser expuesto masivamente puede desalentar la participación en debates públicos y empobrecer el intercambio de ideas. Desde una tradición liberal, pensadores como John Stuart Mill defendieron que incluso las opiniones equivocadas debían poder expresarse, ya que confrontarlas permite fortalecer la verdad y evitar que las creencias se vuelvan dogmas incuestionados. Bajo esta mirada, excluir o silenciar socialmente a una persona podría interpretarse como una forma indirecta de limitar el pluralismo necesario en una sociedad democrática. 

Por otro lado, existe la postura de que la libertad de expresión no elimina las consecuencias sociales de lo que se dice. Desde esta perspectiva, la reacción colectiva frente a discursos considerados ofensivos o dañinos puede entenderse como un mecanismo de responsabilidad social. La libertad de expresión protege frente a la censura del Estado, pero no impide que una comunidad exprese rechazo. Incluso el propio Mill señalaba que la libertad individual encuentra su límite cuando causa daño a otros, idea que algunos vinculan con la necesidad de establecer límites frente a discursos discriminatorios o violentos. Además, se argumenta que las redes sociales han permitido visibilizar abusos y desigualdades que antes quedaban ocultos. 

¿Dónde debería trazarse el límite entre la crítica legítima y la exclusión social desproporcionada? ¿La cultura de la cancelación fortalece la responsabilidad colectiva o termina debilitando la libertad de expresión que sostiene a una sociedad democrática?  

Jose Guillermo Dominguez