¿Lenguas vivas o lenguas olvidadas? El desafío de Bolivia hoy

En Bolivia, la Constitución Política del Estado (artículo 5) establece que el castellano y las lenguas originarias como el quechua, el guaraní, el aymara, el mojeño, el chiquitano, entre muchas otras son idiomas oficiales. Esto significa que, al menos en teoría, todas las personas deberían poder recibir educación, atención médica, justicia y realizar trámites en su propio idioma, sin importar si hablan castellano o no.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. En la práctica, la mayoría de los servicios públicos están diseñados únicamente en castellano. Si alguien habla solo quechua o guaraní, muchas veces debe buscar ayuda de un traductor o un familiar que hable español para poder comunicarse con médicos, jueces o funcionarios públicos. Esto hace que el derecho a usar su idioma, que está garantizado por la Constitución, se quede solo en el papel y no se cumpla de forma efectiva.

¿Por qué pasa esto?
Una de las razones es que el Estado no cuenta con suficientes funcionarios capacitados en lenguas originarias, ni con sistemas que permitan traducir documentos o brindar atención en distintos idiomas. Por ejemplo, en muchos hospitales rurales no hay personal que hable la lengua local, lo que genera problemas de comunicación con los pacientes. Algo parecido sucede en el sistema judicial, donde es difícil encontrar jueces o abogados que puedan explicar un proceso legal en una lengua distinta al castellano.

¿Vale la pena invertir en estas lenguas?
Aquí es donde nace el debate. Algunos sectores piensan que destinar recursos para promover las lenguas originarias no es una prioridad. Creen que lo más importante es que todos los bolivianos hablen bien castellano, porque es el idioma común del país. Incluso, algunos opinan que el dinero se debería invertir en enseñar inglés u otros idiomas internacionales, que “abren más puertas” en el mundo laboral o académico.

Por otro lado, hay quienes argumentan que la falta de políticas públicas concretas genera exclusión. Si una persona no habla castellano, su acceso a servicios básicos como salud, educación o justicia puede ser muy limitado. En otras palabras, el problema no es solo cultural, sino también de igualdad de oportunidades. ¿Es justo que alguien no entienda un proceso judicial o un trámite solo porque habla el idioma de su comunidad? Para este grupo de personas, proteger las lenguas originarias no es solo una cuestión de identidad, sino también de derechos.

Puntos a favor

● Identidad y cultura: Cada lengua guarda la historia y visión de una comunidad.

● Acceso a servicios: La falta de traducción o educación bilingüe puede limitar el acceso a salud, justicia o trámites.

● Marco legal: La Constitución establece el reconocimiento de estas lenguas.

● Diversidad social: Dar espacio a las lenguas originarias puede fortalecer la diversidad y la convivencia.

● Potencial de desarrollo: Las lenguas originarias también se relacionan con turismo cultural y educación intercultural.

Puntos en contra

● Costos: Traducir documentos, capacitar funcionarios o implementar programas puede requerir muchos recursos.

● Prioridades educativas: Algunos opinan que es más útil enfocar recursos en idiomas internacionales como inglés.

● Utilidad práctica: No todos ven un beneficio tangible en aprender o promover estas lenguas.

● Resistencia social: En áreas urbanas, puede existir rechazo a la enseñanza obligatoria de idiomas originarios.

Por tanto: 

¿Proteger las lenguas originarias es una inversión cultural y social o un gasto innecesario para el Estado?
¿Qué perdería Bolivia si una lengua originaria desaparece por falta de políticas públicas?

Andres Kushner