Prohibición de redes sociales a menores de edad

El impacto de las redes sociales en la salud mental y en el desarrollo de niños y adolescentes ha sido motivo de creciente preocupación en la última década. Según un estudio realizado en enero de 2023, el 63 % de niños y niñas de Estados Unidos entre 4 a 13 años utiliza al menos una red social. En respuesta a esta problemática, una nueva legislación, impulsada en marzo del 2024 por el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, obliga a las plataformas digitales a cancelar las cuentas de menores de 14 años y las de aquellos menores de 16 que no cuenten con autorización parental. Además, exige la implementación de sistemas de verificación de terceros para evitar el acceso de menores de edad.

La prohibición de las redes sociales en Florida no se dirige a plataformas específicas. En cambio, el proyecto de ley dice que esto se aplica a cualquier plataforma en la que, al menos el 10 por ciento de los usuarios activos diarios sean niños menores de 16 años que la usen durante dos horas o más al día; que utilice funciones “adictivas”, como el desplazamiento infinito; y que utilice algoritmos que analicen los datos de los usuarios para seleccionar contenido para ellos. Cada empresa debe determinar cómo cumplir con los requisitos, pero si se descubre que una plataforma de redes sociales infringe la normativa, el Departamento de Asuntos Jurídicos del estado podría multarla con hasta 50.000 dólares por infracción.

Los promotores de esta ley sostienen que los contenidos y las interacciones en estas plataformas pueden influir negativamente en la salud mental de los más jóvenes, agravando problemas como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. Así como también, los menores de edad son expuestos a ser víctimas de ciberdelitos como el grooming, sexting o la divulgación de fake news, los cuales se registran en aumento en naciones con muy poca educación sobre el correcto uso de los las redes sociales. "Las redes sociales perjudican a los niños de muchas maneras", afirmó DeSantis en un comunicado, destacando que esta normativa pretende entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Por otro lado, los detractores consideran que la ley viola las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al restringir la libertad de expresión y asegurando que las verificaciones de edad son inconstitucionales. Además, sostienen que son los padres, y no el gobierno, quienes deberían tener la responsabilidad de decidir sobre la participación de sus hijos en redes sociales, independientemente de su edad. 

A pesar de ser una ley controversial, el estado de Florida no es el primer estado que busca aplicar este tipo de leyes. En el año 2023, Arkansas, California, Ohio y Utah aprobaron leyes similares que afectan al uso de las redes sociales por parte de los menores, pero ninguna de esas leyes ha entrado en vigor todavía debido a problemas legales. Meta, la empresa que dirige Instagram y Facebook; y NetChoice se opusieron a esta legislación y a leyes similares en otros estados, argumentando que planteará problemas de privacidad de datos, ya que los usuarios tendrán que proporcionar información personal para verificar su edad. Sin embargo, la empresa apoya la legislación federal para que las tiendas de aplicaciones en línea garanticen la aprobación de los padres para las descargas que hagan los niños. Incluso Kris Perry, director ejecutivo de Children and Screens, una organización sin fines de lucro que busca comprender y abordar las implicaciones de los medios digitales en el desarrollo infantil, dijo que una prohibición protegerá a los niños de los daños relacionados con las redes sociales, pero también les impedirá acceder a los beneficios.

Problemas como el ciberacoso, la exposición a contenido adulto, el impacto negativo en la salud mental y la adicción digital han encendido el debate sobre la necesidad de regulación de las redes sociales en menores de edad. Las propuestas de leyes en Estados Unidos, aunque polémicas, buscan proteger a los niños y adolescentes de los riesgos asociados con un acceso ilimitado a estas plataformas. Pero, ¿es esta la solución ideal o estamos limitando derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información? ¿Es responsabilidad exclusiva de los padres velar por el contenido al que sus hijos tienen acceso? ¿Deben exigirse mayores controles a las empresas tecnológicas? ¿Se deberían aplicar leyes similares en Bolivia?

María Teresa Serrano