Teresa Serrano
Miembro activoDesde que asumió la presidencia de los Estados Unidos de América en enero del 2025, Donald Trump, se ha visto envuelto en polémicas debido a la implementación de políticas consideradas estrictas por sus críticos. Muchas de estas políticas han generado controversia no solo en su país, sino también a nivel mundial, por el efecto que tienen sobre todo con la población de origen migrante. En las últimas semanas, las tensiones entre Donald Trump y el mundo universitario han escalado debido a las recientes declaraciones y propuestas políticas del presidente, que han generado reacciones inmediatas por parte de instituciones académicas, estudiantes y defensores de la libertad académica.
El presidente ha intentado reestructurar las universidades de élite como parte de su estrategia para combatir lo que considera un sesgo ideológico de izquierda y movimientos antisemitas en las instituciones académicas. A mediados de abril del presente año, Trump acusó a las principales universidades privadas de Estados Unidos (Harvard, Yale, Columbia, entre otras) de no proteger adecuadamente a los estudiantes judíos y permitir actitudes antisemitas en sus instalaciones, lo cual, según él, se ha evidenciado en las protestas ocurridas en diversos campus durante el año pasado a favor de Palestina en la guerra de Gaza. El presidente hizo público este posicionamiento mediante una carta oficial de la Casa Blanca (a la que tuvo acceso el periódico New York Times), donde señalaba específicamente que Harvard no ha logrado cumplir las condiciones de protección de derechos individuales y civiles que justifican la inversión estatal.
La Universidad de Harvard, la más antigua de Estados Unidos, recibe anualmente 9.000 millones de dólares de financiación estatal. El comunicado de Trump implica el congelamiento de casi un cuarto de su financiamiento y la revocación de la exención de impuestos con la que cuenta la universidad, en caso de que no se cumplan las diez medidas especificadas en dicha carta. Entre estas medidas destacan:
Reportar ante las autoridades a todos aquellos estudiantes considerados hostiles a los valores estadounidenses.
Contratar auditores externos aprobados por el gobierno que supervisen actividades potencialmente antisemitas y garanticen la diversidad de puntos de vista en el campus.
Implementar medidas disciplinarias contra quienes participen en protestas a favor de Gaza.
Mientras que Columbia accedió a endurecer sus normas para limitar las protestas dentro del campus a cambio de que el gobierno revirtiera la cancelación de 400 millones de dólares en subvenciones y contratos, Harvard fue la primera universidad en responder firmemente contra el gobierno, llegando incluso a acusar a la Casa Blanca de intentar controlar a su comunidad académica y negándose a ceder o renunciar a sus derechos constitucionales. Como consecuencia, 2.200 millones de dólares de su financiamiento fueron congelados.
"Ningún gobierno debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir", declaró Alan Garber, presidente interino de la Universidad de Harvard. Garber argumentó que las acciones del gobierno violan la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión y la autonomía académica.
Las universidades han sido históricamente espacios de debate, pensamiento crítico y resistencia; pero cabe preguntarse qué sucede cuando la disputa por la libertad académica y el control político en las elites educativas se enfrentan:
¿Las políticas de Trump representan una amenaza real para la libertad académica?
¿Hasta qué punto el gobierno puede influir en las decisiones de universidades privadas?
¿Las universidades están limitando voces conservadoras, como afirma Trump, o están protegiendo los derechos de estudiantes vulnerables?