Rehabilitación penitenciaria

En un mundo utópico, aquel individuo que ha cometido un delito con pena privativa de libertad, es juzgado de una forma adecuada, en los plazos establecidos y sobre todo, condenado a un castigo en el cual se busque el cambio de su accionar. Sin embargo, en Palmasola se vive una situación mucho más cruda. 

El Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, es el reclusorio más grande de Santa Cruz, no necesariamente por su espacio territorial, sino que por la cantidad de reos que se encuentran en él. El lóbrego penal cruceño tiene un máximo de 3.000 habitantes, lo cual resulta cuanto menos ilógico, dado que actualmente se cuenta con cerca de 10.000 reclusos. Un dato no menor de este recinto, es que el 70% de los que en el residen, son privados de libertad sin condena y de escasos recursos por lo que cada vez, su posibilidad de que en ellos se genere un cambio, es mucho más reducida. Los reclusos de este centro no solo viven en una situación deplorable en cuanto a espacio, sino que, de todos los reclusos que tienen tuberculosis en Bolivia, el 50% está en este lugar.

Es indudable la necesidad del ciudadano de que, aquel que cometió un delito, tenga su pena y el Estado es el autorizado para dictar dicho castigo buscando que, en el momento en que este individuo haya cumplido su pena, sea reinsertado en la sociedad. El problema recae en que el Estado solo dicta la sentencia, pero en sectores como el PC-4 la policía se limita al resguardo perimetral mientras que en el interior los propios reos, plasman sus normas y reglas en un ambiente donde la inseguridad y las precarias formas de vida, dictan una mayor sentencia.

Como se menciona en el nombre de dicha institución, el fin de este reclusorio no es necesariamente la privación de libertad, sino rehabilitar y preparar al individuo para su reinserción social. En un lugar donde la menor preocupación es: ¿qué haré cuando salga de este lugar? Resulta inviable pensar que una persona podrá analizar críticamente sus acciones y postular cambios a sí mismapara su convivencia con el semejante. 

Las actividades de ayuda como terapias psicológicas las cuales, si el Estado quiere rehabilitar al recluso deberían ser obligatorias, son en este caso inexistentes. Además, se tiene muy poco seguimiento hacia los que ya han cumplido su condena.

Con esto propongo las siguientes preguntas: ¿Es posible una rehabilitación de las personas que han cometido un delito en Santa Cruz teniendo en cuenta estas circunstancias? ¿Qué debería hacer el Estado para garantizar la rehabilitación y la reinserción social?

Alexis Pizzorno