Guerra contra las drogas

En menos de un mes se cumplirán 53 años desde que el fallecido ex presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra contra las drogas, asegurando que el abuso de estas era «el enemigo público número uno» de su país. Esta política ha sido implementada en todo el mundo, siendo América Latina uno de los lugares más afectados por esta medida que ha dado pocos resultados en su implementación. La prohibición de las drogas ha convertido al narcotráfico en un negocio extremadamente lucrativo, dado que el precio de una sustancia ilegal se determina más por el costo de su distribución que por el de su producción. Además, el consumo de estupefacientes sigue creciendo en todo el mundo. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), más de 296 millones de personas consumieron drogas en 2021, lo que supone un aumento del 23% con respecto a la década anterior.

En los últimos años hemos observado cómo algunos países del mundo occidental han legalizado o descriminalizado el uso y consumo de sustancias controladas, siendo Uruguay el ejemplo más cercano. Siendo una de las razones principales acabar de una buena vez con el narcotráfico. Los casos más exitosos en nuestro hemisferio serían Países Bajos, donde existen lugares donde se autoriza la venta de drogas blandas en «coffee-shops», y Portugal, que despenalizó el uso de todas las drogas en el año 2001, obteniendo resultados positivos en la reducción de los niveles extremos de adicción que antes padecía la nación. Sin embargo, hay lugares en occidente que han querido tomar medidas similares en el asunto, pero las han llevado de manera radical, empeorando el problema. Un caso que generó mucha controversia ocurrió en el estado de Oregon, en la costa oeste de Estados Unidos.

En noviembre del año 2020, en pleno auge de la crisis de adicción al fentanilo que azota a los Estados Unidos, el estado de Oregon despenalizó la tenencia y el consumo de todas las drogas, incluyendo la heroína, el crack, la metanfetamina y el fentanilo. La medida buscaba tratar las adicciones como un problema de salud pública y no como un crimen, eliminando el estigma para que los adictos acudan sin prejuicios a recibir ayuda. En lugar de arrestar a los consumidores, se les entrega una multa con citatorio que pueden intercambiar por servicios de ayuda y tratamiento. Ignorar la multa no tiene consecuencias legales. ¿Pero después de casi cuatro años, cuáles fueron los resultados de esta polémica medida? Solo el 4% de los que recibieron la multa acudieron a los servicios de apoyo. Las muertes por sobredosis en Oregon se incrementaron un 44% en 2021 y se repitió esta escalada en 2022. El crimen aumentó un 17% desde la implementación de esta política y solo agravó aún más el problema de la indigencia que ya tenía ese estado. De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Emerson, el 56% de los habitantes de Oregon apoyan derogar la medida.

Mirando al otro lado del mundo, más específicamente en el sureste asiático, las leyes contra estupefacientes son bastante duras. Algunos estados tienen «éxito», mientras que otros obtienen un resultado similar a países latinoamericanos. Muchos estados en esta parte del globo implementan la pena de muerte como castigo por violar dichas leyes. El caso que más resalta es el de Singapur, un país que pasó de ser un país de tercer mundo a convertirse en uno de los países más desarrollados y ricos del planeta, además de ser uno de los más seguros. Este país también es conocido por su dureza a la hora de castigar los delitos relacionados con el narcotráfico y consumo de drogas, los cuales han sido muy duramente criticados por organismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de sus críticas, muchos políticos en occidente aplauden esas medidas, entre ellos el controvertido presidente salvadoreño Nayib Bukele y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien propone una política muy parecida a la del país asiático para solucionar el problema de drogodependencia que sufre el país norteamericano desde hace décadas. Las leyes de Singapur especifican la imposición de la pena de muerte a cualquiera que sea sorprendido traficando con más de 500 gramos de marihuana o 15 gramos de heroína. Además, los habitantes de Singapur tienen prohibido consumir drogas fuera de su territorio. Si un singapurense ha fumado, se ha administrado a sí mismo o ha consumido una droga controlada o especificada, ya sea fuera o dentro de Singapur, mediante un análisis de orina será tratado como si el delito se hubiera cometido en Singapur. Sin embargo, las autoridades de dicho país sostienen que las estrictas leyes antidrogas hacen que Singapur sea uno de los lugares más seguros del mundo y que la pena capital por ese tipo de delitos goza de amplio apoyo público, además de tener un bajo índice de consumo de drogas, muy por debajo de las potencias occidentales. Pero estas leyes no salvan a Singapur de las condenas de activistas y organismos internacionales. A pesar de tener uno de los índices de consumo más bajos de drogas en el mundo, medios de este país indican que el consumo de sustancias controladas aumentó un 30% en adolescentes y jóvenes adultos.

Viendo todo lo que implica esta problemática tan complicada de resolver, el lector debe preguntarse: ¿Cuál es el camino que se debe tomar para acabar con esta problemática global? ¿Hay que despenalizar el consumo o endurecer aún más las leyes ya existentes relacionadas con las drogas?

Gabriel Monasterios