¿Disciplina o violencia? El límite entre corregir y maltratar

En Bolivia, y en particular en Santa Cruz, casi todos los meses aparece en las noticias algún caso de un niño golpeado por uno de sus padres o por su padrastro. Algunos de esos casos terminan en tragedia. Eso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que muchas familias se hacen, aunque no siempre en voz alta: ¿está bien pegarle a un hijo para corregirlo o eso ya es violencia?

Lo primero que hay que saber es que en Bolivia el castigo físico contra niños y adolescentes ya está prohibido por ley desde 2014, con el Código Niña, Niño y Adolescente. El artículo 146 de esa norma establece el derecho de los menores a un buen trato y prohíbe cualquier forma de castigo corporal, sea en la casa, en la escuela o en cualquier otro espacio. El problema es que la ley existe en el papel, pero en la práctica se sigue aplicando poco. El propio Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas señaló que, a pesar de estar prohibido, el castigo físico sigue siendo muy común dentro de las familias bolivianas.

Los casos recientes en Santa Cruz muestran lo grave que puede llegar a ser esto cuando se sale de control. El 7 de agosto, un padrastro golpeó a un bebé de un año dentro de un vehículo estacionado en la Feria de Barrio Lindo, frente a testigos, y terminó detenido. Y en marzo de 2025, en apenas una semana, se registraron tres infanticidios en el país, dos de ellos en Santa Cruz, incluido uno en el Plan Tres Mil, todos con el mismo patrón: niños pequeños golpeados hasta morir por adultos que debían cuidarlos.

Estos no son hechos aislados. Según datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, en 2024 se registraron 38 infanticidios en el país y, en más de la mitad de los casos, el responsable fue alguno de los cuidadores del niño, ya sea el padre, la madre o el padrastro. Siete de cada diez víctimas tenían menos de cinco años, es decir, se encontraban en una etapa en la que un niño depende completamente de los adultos y no tiene ninguna forma de defenderse.

Frente a esta realidad, muchas familias cruceñas todavía piensan que una palmada, un correazo o un grito fuerte forman parte normal de la crianza, porque así los criaron a ellos. La diferencia entre disciplinar y maltratar no siempre está clara para todos, y eso es justamente lo que hace tan difícil aplicar una ley que, en teoría, ya prohíbe cualquier tipo de castigo físico. No se trata solo de sancionar a los padres violentos después de que algo grave ya pasó, sino de enseñar, desde antes, otras formas de poner límites que no impliquen golpear a un niño.

Con todo esto en mente, quedan algunas preguntas para pensar:

¿Por qué en Bolivia una ley que prohíbe el castigo físico desde hace más de diez años todavía se respeta tan poco dentro de los hogares?

¿Qué debería hacer el Estado, además de castigar a los padres violentos, para que las familias aprendan otras formas de criar y poner límites?

¿Dónde está, para cada familia, la línea entre corregir a un hijo y hacerle daño?

Juan Francisco Hollweg