Subsidios energéticos en Bolivia:  ¿Protección social o una cuenta que tarde o temprano tendremos que pagar?

Los subsidios a los combustibles son una ayuda económica del Estado para que las personas puedan comprarlos a un precio más bajo de lo que realmente cuestan. Su objetivo es evitar que aumenten demasiado los precios del transporte, los alimentos y otros productos, protegiendo así el bolsillo de la población.

En Bolivia, este tema es cada vez más importante debido a nuestra dependencia del gas y los combustibles, y a la disminución de la producción nacional.

Durante años, Bolivia fue uno de los principales exportadores de gas natural de la región. Sin embargo, esa situación ha cambiado. Según información de YPFB (marzo de 2026), las reservas actuales representan aproximadamente un tercio de lo que teníamos en 2013.

Esta situación ha llevado al Gobierno a tomar nuevas medidas. El 26 de octubre se promulgó el Decreto Supremo 5755, que permite a empresas y particulares importar gas natural para su propio consumo y para generar electricidad. Además, el ministro de Hidrocarburos reconoció que las reservas actuales no son suficientes.

Ante este panorama surge una pregunta: ¿hasta qué punto puede Bolivia seguir gastando recursos públicos para mantener bajos los precios de los combustibles?

¿Por qué hay quienes defienden mantener los subsidios?

Quienes están a favor de mantenerlos consideran que eliminarlos podría afectar directamente a la población.

• Protegen el bolsillo de las familias: si sube el precio de los combustibles, también pueden aumentar los pasajes, los alimentos y otros productos básicos, afectando especialmente a quienes tienen menos ingresos.

• Ayudan a mantener estables los precios: cuando el petróleo sube de precio en el mercado internacional, los subsidios evitan que ese aumento llegue inmediatamente al consumidor.

• Apoyan a los sectores productivos: el transporte, la agricultura y las industrias necesitan combustibles para trabajar. Si sus costos aumentan, producir y transportar productos también se vuelve más caro.

Desde esta perspectiva, eliminar los subsidios podría provocar un aumento del costo de vida y perjudicar especialmente a las familias con menos recursos.

¿Pero qué sucede cuando mantenerlos también tiene un costo?

Sin embargo, los subsidios no hacen que la energía sea más barata de producir o importar. Simplemente hacen que una parte de ese costo sea pagada por el Estado, utilizando dinero que podría destinarse a otras necesidades.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2024 los subsidios a los combustibles representaron un costo fiscal directo equivalente al 3,9 % del PIB boliviano. Si se incluyen otros costos relacionados, como los de oportunidad, la cifra llegaba al 5,2 % del PIB.

Esto genera varios problemas:

• Menos recursos para otras necesidades: el dinero destinado a mantener los subsidios no puede utilizarse al mismo tiempo para invertir en hospitales, educación, infraestructura o nuevas fuentes de energía.

• Beneficios para quienes no necesariamente los necesitan: al ser generales, los subsidios también benefician a personas y empresas que sí podrían pagar el precio real de los combustibles.

• Problemas económicos: mantener precios demasiado bajos puede incentivar el consumo excesivo y facilitar el contrabando hacia países donde los combustibles son más caros.

Sin embargo, eliminarlos de golpe tampoco sería una solución sencilla. Un aumento repentino podría encarecer el transporte, los alimentos y otros productos, afectando a millones de personas.

Una alternativa sobre la mesa sería eliminarlos poco a poco, manteniendo ayudas para las familias que realmente las necesitan y buscando nuevas inversiones para desarrollar otras fuentes de energía y reducir nuestra dependencia del gas y los combustibles.

Pero esto también requiere dinero, planificación y tiempo. Y aquí aparece una contradicción: ¿cómo puede Bolivia financiar una transición gradual si mantener los subsidios sigue consumiendo recursos que cada vez son más limitados?

Al final, el problema no es solamente cuánto costaría eliminar los subsidios, sino también cuánto nos cuesta seguir manteniéndolos.

¿Qué representa un mayor riesgo para Bolivia: eliminar los subsidios y enfrentar sus consecuencias económicas a corto plazo, o mantenerlos para proteger a la población, aun cuando esto podría comprometer la sostenibilidad económica y energética del país a largo plazo?

Si Bolivia decide eliminarlos, ¿debería hacerlo de golpe o poco a poco? ¿Tenemos realmente los recursos y el tiempo necesarios para financiar una transición gradual? 

Fabio Arambell