Una guardia departamental: ¿necesidad o riesgo institucional? 

El pasado domingo 11 de octubre ocurrió un atraco a una joyería en un centro comercial cerca del tercer anillo y la avenida Busch, en Santa Cruz de la Sierra, cerca de las 19:15, y las cámaras mostraron a cuatro hombres vestidos de negro, con cascos y fuertemente armados, que llegaron en dos motos. En el centro comercial había familias completas e incluso clientes dentro de la joyería. Tres de los cuatro entraron, dejaron salir a cuatro personas (entre ellas, dos menores) y retuvieron a otras cuatro, provocando conmoción y terror entre las personas presentes.

Tras lo ocurrido, el gobernador Juan Pablo Velasco esa misma noche dijo: “Las fuerzas policiales que tenemos hoy por hoy no están dando abasto” y pidió tres cosas: más policías, militares en las calles y, lo más importante, una guardia departamental para Santa Cruz, algo que los cruceños vienen pidiendo desde hace 18 años y que se les ha negado.

“Exigimos que nosotros podamos tener nuestra guardia departamental, que pueda cuidar a los cruceños”.

Entre enero y septiembre de este año, 43 personas han fallecido en Bolivia a manos del crimen organizado, 26 de ellas en Santa Cruz, más de la mitad. El crimen piensa a escala departamental. ¿Quién responde a esa escala? Nadie, porque nadie puede. Con casi 4 millones de habitantes, el estándar internacional (4 policías por cada 1.000 personas) exigiría unos 16.000 policías operando solamente en Santa Cruz. El Comando Departamental habla de que hay 4.840 policías; la Gobernación, entre 5.000 y 6.000; y un exdirector de la FELCC, Juan Carlos Ramos, dice que son 7.000, de los cuales 1.200 están en el batallón de seguridad física privada, cuidando bancos y empresas. Esta es una cifra insuficiente para el avance del crimen organizado en Santa Cruz.

La Gobernación puede comprar patrullas, pagar la gasolina y poner cámaras, pero no puede decirle a un solo patrullero adónde ir. La Constitución establece que la Policía es única e indivisible, bajo mando único y competencia privativa del nivel central: no se delega ni se transfiere. Por eso, el comandante departamental lo designa La Paz; el coronel Edson Fernández, por ejemplo, fue posesionado el 10 de septiembre por el Comando General, no desde Santa Cruz.

La Gobernación, además, está obligada por ley a destinar el 10% de su IDH a seguridad ciudadana (si no lo transfiere, se lo descuentan), y las cámaras que compra las opera la Policía. Como dijo el excomandante David Gómez, las competencias de la Gobernación se limitan básicamente a equipar a la Policía: Santa Cruz paga, pero no decide.

Durante estos 18 años, Santa Cruz ha pedido una guardia departamental tres veces. La primera vez fue el 4 de mayo de 2008, cuando el estatuto autonómico cruceño ganó con el 86% e incluía competencia sobre la Policía. Tras la Constitución de 2009, el Tribunal Constitucional obligó a adecuarlo y, cuando se promulgó en 2018, de aquel texto quedaba solo el 10%: la Policía había desaparecido. La segunda fue en enero de 2023, cuando un cabildo propuso la guardia departamental y el entonces ministro de Justicia dijo que crearla sería un delito. La tercera fue en junio de 2026, cuando la Gobernación envió un proyecto de ley a la Asamblea Departamental.

Lo que está en la Asamblea no es una policía. Se llama Guardia Cruceña de Protección Ambiental y Territorial: sin armas de fuego, 100 % dependiente de la Gobernación, con jóvenes de 18 a 32 años entrenados para patrullar, monitorear y prevenir. Cuidaría áreas protegidas, carreteras, hospitales, maquinaria y bienes públicos, con un centro de monitoreo, cámaras y reconocimiento facial. Una gendarmería municipal a escala departamental.

Aun así, sería la primera vez en 200 años de Bolivia que un cuerpo uniformado en la calle responde a un gobernador elegido por su gente y no a un ministro en La Paz. Cuatro meses después, el proyecto sigue en comisiones, mientras la misma Asamblea aprobó la ley antibloqueos en septiembre tras seis horas de debate y no ha tocado el tema de la guardia.

Esto ocurre porque un excandidato a gobernador cuestionó el artículo 16, que faculta a la Gobernación a vender créditos de carbono para financiarla, diciendo que tiene poco que ver con una guardia; un asambleísta de Creemos dice que carece de sustento constitucional, aunque no se opone a la idea; y la editorial de El Deber planteó una pregunta legítima: costaría más de un millón de dólares, ¿de dónde sale ese dinero?

Perú tiene serenazgos municipales. Brasil, guardias municipales y policías estaduales que obedecen a cada gobernador. Argentina, policías provinciales completos. Colombia, secretarías departamentales de seguridad con poder real. Bolivia es el único país de la región donde el nivel intermedio del Estado no tiene nada, siendo la excepción centralista.

Quien manda, paga. La pregunta es si lo que tenemos hoy está funcionando.

Por primera vez en décadas, el Gobierno nacional no ha dicho que una guardia departamental sea inconstitucional. El presidente Rodrigo Paz escribió, horas antes del atraco, que quiere que gobernaciones y alcaldías ayuden a combatir el crimen organizado. Cuando Velasco pidió militarizar San Ignacio de Velasco, se militarizó; cuando pidió militares en la capital, la Octava División salió esa misma noche. Pero, si el Gobierno pide ayuda, tiene que dar con qué ayudar. Como dijo Juan Pablo Velasco: “No vamos a poder tener una policía administrada por los departamentos si no tenemos una distribución de los recursos”.

¿La creación de una Guardia Departamental ayudaría realmente a reducir la inseguridad en Santa Cruz o se debería priorizar el aumento del número de efectivos policiales antes de crear una nueva institución?

¿El principal problema es la falta de policías o la manera en que se administran los recursos y las instituciones de seguridad? 

Leticia Silva